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Boletín Laboral | Edición Agosto 2026

14 de octubre de 2026 · 14 min de lectura

Jurisprudencia Laboral: Se corrige el desvío. Pero ¿Quién garantiza la predictibiidad (seguridad) jurídica?

Nueva doctrina jurisprudencial sobre la conservación de documentos laborales

La Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, mediante la Casación Laboral N° 3579-2025-La Libertad, ha establecido, con carácter de doctrina jurisprudencial de obligatorio cumplimiento, nuevos criterios respecto de la obligación de los empleadores de conservar documentación laboral.

El pronunciamiento parte de una premisa clara: existen normas que establecen expresamente un plazo máximo de conservación de determinada documentación laboral y, por tanto, no resultaría jurídicamente válido exigir al empleador mantener dichos documentos por un periodo superior al previsto legalmente.

En ese sentido, la Corte Suprema ha establecido los siguientes criterios:

  • Los empleadores solo están obligados a conservar los libros, constancias de pago, boletas y registros laborales de todo tipo —incluidos aquellos relativos al control de asistencia y al trabajo en sobretiempo— por un periodo no mayor de cinco años.
  • Cuando la antigüedad de los derechos alegados exceda dicho periodo, la prueba de su existencia corresponderá a la parte que los invoque.
  • Si el empleador no exhibe la documentación laboral correspondiente, el juez deberá reconocer los derechos reclamados por el trabajador por un periodo de hasta cinco años anteriores a la fecha del cese.
  • No resulta jurídicamente posible exigir al empleador la conservación de dichos registros por un periodo superior al establecido por la ley, pues ello supondría imponerle una obligación que el ordenamiento jurídico no contempla.

La importancia práctica del pronunciamiento se aprecia en el propio caso analizado. La demandante reclamaba, entre otros conceptos, el pago de horas extras, domingos y feriados por un periodo comprendido entre 1996 y 2017. Sin embargo, la Corte Suprema concluyó que el reconocimiento de dichos conceptos únicamente podía comprender los cinco años anteriores al cese, es decir, el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2012 y el 1 de febrero de 2017.

¿Un criterio que corrige el rumbo?

Este pronunciamiento adquiere especial relevancia porque se contrapone directamente al criterio asumido recientemente por la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria en la Casación Laboral N° 36773-2023-La Libertad.

En dicho pronunciamiento, la Cuarta Sala sostuvo, en esencia, que el plazo de cinco años previsto para la conservación documental responde a una medida de simplificación administrativa, pero no supone una suerte de caducidad probatoria dentro del proceso laboral. Bajo dicho criterio, si el trabajador aporta indicios razonables sobre la existencia de labor en sobretiempo y el empleador no exhibe los registros correspondientes, esta omisión podría ser valorada como una conducta obstructiva dentro del proceso.

Asimismo, la Cuarta Sala consideró que las normas sobre simplificación administrativa no pueden interpretarse de manera aislada ni utilizarse para dejar sin efecto, en la práctica, los deberes de colaboración procesal, las reglas sobre carga de la prueba y las consecuencias derivadas de la inconducta procesal previstas en la Nueva Ley Procesal del Trabajo.

La Segunda Sala, por el contrario, ha adoptado una posición distinta y considerablemente más categórica. Para esta Sala, las normas que establecen el plazo de conservación documental deben ser aplicadas por las instancias judiciales y no es posible exigir al empleador conservar registros por un periodo superior al expresamente previsto por el ordenamiento jurídico. Incluso, la propia sentencia destaca que las instancias administrativas, inspectivas, judiciales y arbitrales deben observar la regla prevista en el numeral 3.4 del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1310.

Pero, ¿qué ocurre con la predictibilidad jurídica?

La nueva doctrina jurisprudencial parece buscar una respuesta frente a la práctica de exigir a los empleadores documentación correspondiente a periodos respecto de los cuales la propia ley ya no les impone una obligación de conservación. Desde esa perspectiva, el criterio establecido por la Segunda Sala aporta una regla clara respecto del límite temporal de dicha obligación.

Sin embargo, el problema no desaparece por completo.

La coexistencia de criterios distintos entre la Segunda y la Cuarta Sala respecto de una misma problemática genera un escenario que puede afectar la predictibilidad jurídica. Mientras una posición entiende que, superado el plazo legal de conservación, no puede exigirse al empleador la presentación de los documentos ni extraerse consecuencias adversas de su inexistencia, la otra considera que dicho plazo no elimina necesariamente las consecuencias procesales derivadas de la falta de exhibición documental.

Y aunque la Casación Laboral N° 3579-2025-La Libertad ha sido emitida expresamente como doctrina jurisprudencial de obligatorio cumplimiento para las instancias inferiores, la existencia de pronunciamientos divergentes dentro de la propia Corte Suprema evidencia una discusión que difícilmente puede considerarse cerrada.

Por ello, será importante observar cómo las instancias inferiores aplican esta nueva doctrina y, sobre todo, si la Corte Suprema logra consolidar un criterio uniforme sobre la relación entre los plazos legales de conservación documental y las reglas procesales sobre carga de la prueba, colaboración e inconducta procesal.

El desvío parece haberse corregido. La pregunta ahora es si, con criterios distintos provenientes de la propia Corte Suprema, los empleadores podrán finalmente contar con la predictibilidad jurídica que justamente esta doctrina pretende reforzar.

La vida privada termina donde empieza el riesgo laboral: Corte Suprema valida despido por consumo de alcohol fuera de la jornada

La Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, mediante la Casación Laboral N° 36529-2023-Lima, aborda una cuestión particularmente relevante para el ejercicio del poder disciplinario del empleador: ¿puede una conducta realizada fuera del horario de trabajo justificar un despido?

Para la Corte Suprema, la respuesta puede ser afirmativa cuando dicha conducta trasciende la esfera estrictamente personal del trabajador y se proyecta directamente sobre el cumplimiento de sus obligaciones laborales o sobre la seguridad en el centro de trabajo.

¿Qué ocurrió?

El caso involucró a un trabajador que se desempeñaba como electricista de primera en el área de mantenimiento eléctrico de una unidad minera. De acuerdo con los hechos acreditados en el proceso, el trabajador ingresó una botella de pisco al campamento minero y posteriormente consumió alcohol cuando se encontraba fuera de su horario de trabajo

  • Durante la madrugada del 1 de enero de 2019, fue intervenido dentro de las instalaciones del campamento al presentar signos visibles de ebriedad.
  • Las pruebas practicadas determinaron que, a las 3:40 a. m., el trabajador presentaba 1.31 gramos de alcohol por litro de sangre.
  • Sin embargo, debía iniciar su jornada laboral pocas horas después, a las 7:00 a. m.

La Corte Suprema consideró relevante que el trabajador no desarrollaba cualquier tipo de actividad, sino que se desempeñaba como electricista en una unidad minera, es decir, en un contexto en el que la seguridad y la prevención de riesgos adquieren especial importancia. El consumo ocurrió fuera de la jornada, pero sus efectos no.

Uno de los aspectos más interesantes de la sentencia es que la Corte Suprema no se limitó a analizar el momento en el que el trabajador consumió alcohol. Por el contrario, evaluó las consecuencias que dicha conducta tendría sobre la futura prestación de servicios.

Para ello, tomando como referencia el Método Widmark, fórmula utilizada para estimar la concentración de alcohol en la sangre a partir de la cantidad de alcohol ingerida, el tiempo transcurrido y determinadas características del organismo, la Sala concluyó que el trabajador no habría eliminado el alcohol de su organismo antes del inicio de su jornada. Así, estimó que, a las 7:00 a. m., momento en que debía iniciar labores, aún habría mantenido aproximadamente 0.71 gramos de alcohol por litro de sangre.

Este elemento resultó determinante para la Corte. Aunque la ingesta de alcohol se produjo fuera del horario de trabajo, sus efectos se proyectaban directamente sobre una jornada que debía iniciar pocas horas después y sobre labores que, por su propia naturaleza, implicaban un riesgo significativo.

La Corte Suprema también recordó que, para determinar la existencia de un quebrantamiento de la buena fe laboral, no resulta necesariamente indispensable acreditar un perjuicio concreto para el empleador. Lo relevante es determinar si la conducta atribuida al trabajador supone un incumplimiento de sus obligaciones laborales que quiebre la confianza depositada en él y torne irrazonable la subsistencia de la relación laboral.

En este caso, la Corte consideró que permitir que el trabajador iniciara sus labores en esas condiciones habría incrementado el riesgo de incidentes o accidentes, particularmente considerando que se desempeñaba como electricista en una actividad minera.

Por ello, concluyó que la conducta configuraba una falta grave vinculada al quebrantamiento de la buena fe laboral y que la sanción de despido resultaba razonable y proporcional. En consecuencia, dejó sin efecto la indemnización por despido arbitrario que había sido reconocida por las instancias inferiores.

Una frontera que merece atención:

La relevancia de esta sentencia no está simplemente en afirmar que el consumo de alcohol puede justificar un despido. El verdadero aporte del pronunciamiento se encuentra en la conexión que establece entre una conducta realizada fuera de la jornada laboral y sus consecuencias sobre la futura prestación de servicios.

La Corte Suprema parece trazar una línea clara: una conducta perteneciente, en principio, a la esfera personal del trabajador puede adquirir relevancia disciplinaria cuando existe una conexión directa entre dicha conducta y el incumplimiento de sus obligaciones laborales, la seguridad en el trabajo o la capacidad para ejecutar adecuadamente sus funciones.

Por supuesto, ello no significa que cualquier conducta realizada fuera del horario de trabajo pueda ser objeto de sanción disciplinaria. El análisis deberá atender a las circunstancias concretas del caso, la naturaleza de las funciones, el nivel de riesgo involucrado y, principalmente, el vínculo existente entre la conducta imputada y la relación laboral.

La vida privada del trabajador sigue siendo privada. Pero cuando los efectos de una conducta personal ingresan al centro de trabajo y ponen en riesgo la seguridad o el adecuado cumplimiento de las funciones, la frontera entre lo personal y lo laboral puede empezar a desaparecer.

NOTA LEGAL

Sin parámetros claros: La Corte Suprema anula los criterios de “motivos económicos” para el cese colectivo.

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, mediante la Acción Popular N.º 29537-2023-LIMA, confirmó la nulidad del artículo 1 del Decreto Supremo N.º 013-2014-TR, norma que establecía parámetros para determinar cuándo una empresa podía encontrarse en una situación económica que justificara la terminación colectiva de contratos de trabajo por motivos económicos.

La decisión resulta particularmente relevante para los empleadores. La disposición anulada establecía que la situación económica que podía justificar un cese colectivo se configuraba, entre otros supuestos, cuando la empresa registraba tres trimestres consecutivos de resultados negativos en la utilidad operativa o cuando mantener la continuidad laboral del total de trabajadores implicara pérdidas.

Sin embargo, para la mayoría de la Corte Suprema, el Poder Ejecutivo fue más allá de su potestad reglamentaria.

El problema: reglamentar no es crear

La controversia giraba en torno a una aparente laguna de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral.

El inciso b) del artículo 46 de la LPCL reconoce a los motivos económicos como una causa objetiva para la terminación colectiva de los contratos de trabajo. No obstante, la norma con rango de ley no define qué debe entenderse exactamente por “motivos económicos”.

Ante esta ausencia de una definición expresa, el Decreto Supremo N.º 013-2014-TR intentó precisar el concepto y estableció parámetros objetivos para identificar una situación económica que pudiera justificar un cese colectivo.

Para la Corte Suprema, sin embargo, esta precisión no constituía una simple labor reglamentaria.

La Sala consideró que, al establecer que los motivos económicos se configuraban cuando existían tres trimestres consecutivos de resultados negativos en la utilidad operativa o cuando mantener a la totalidad de trabajadores generaba pérdidas, el Poder Ejecutivo no se limitó a desarrollar la ley, sino que introdujo una definición normativa sobre los alcances de una causal prevista en una norma con rango de ley.

En otras palabras, la Corte fue clara: la potestad reglamentaria permite desarrollar una ley, pero no completar mediante un reglamento aquello que el legislador no ha definido.

Una laguna legal no puede ser llenada por cualquier vía

Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia es que la Corte Suprema reconoce expresamente que la LPCL no define los “motivos económicos” como causal de terminación colectiva.

Sin embargo, lejos de considerar que esta ausencia habilitaba al Poder Ejecutivo para establecer dicha definición, la Corte concluyó que una precisión de esta naturaleza debía realizarse a través de una norma con rango de ley.

Para la Sala, definir qué situación económica permite extinguir colectivamente contratos de trabajo implica determinar uno de los presupuestos que justifican una forma excepcional de terminación laboral. Por ello, dicha definición no podía ser introducida mediante un decreto supremo.

Así, la sentencia refuerza un límite importante de la potestad reglamentaria: el reglamento puede desarrollar los mecanismos de aplicación de la ley, pero no crear o redefinir los presupuestos sustantivos de una institución cuando estos no han sido establecidos por el legislador.

¿Y ahora qué ocurre con los “motivos económicos”?

La decisión de la Corte Suprema no elimina los “motivos económicos” como causal objetiva de terminación colectiva de los contratos de trabajo. Esta continúa prevista en el inciso b) del artículo 46 de la LPCL.

Lo que cambia es que desaparecen los parámetros que, hasta ahora, permitían identificar cuándo una empresa se encontraba en una situación económica que podía justificar el inicio de un procedimiento de cese colectivo.

Esto abre nuevamente una zona de incertidumbre. La LPCL reconoce los “motivos económicos” como causal de terminación colectiva, pero no define expresamente qué situaciones permiten considerar que dicha causal se ha configurado. El Decreto Supremo N.º 013-2014-TR intentó llenar ese vacío estableciendo criterios concretos; sin embargo, la Corte Suprema ha considerado que dicha definición no podía ser introducida mediante una norma reglamentaria.

Así, la sentencia deja una situación particular: la causal subsiste, pero desaparece la regla que establecía cómo identificarla.

Desde una perspectiva práctica, esto podría generar nuevamente debates sobre el estándar económico que debe acreditarse para sustentar un cese colectivo y sobre los criterios que deberá considerar la Autoridad Administrativa de Trabajo al evaluar este tipo de procedimientos.

En ese sentido, la sentencia no solo reafirma los límites de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo. También vuelve a poner sobre la mesa una cuestión pendiente: si la ley reconoce los “motivos económicos” como una causal de cese colectivo, pero no define sus alcances, ¿correspondería al legislador establecer parámetros que otorguen mayor predictibilidad a trabajadores, empleadores y a la propia Autoridad Administrativa de Trabajo?

Por ahora, lo cierto es que los parámetros de los tres trimestres consecutivos de resultados negativos en la utilidad operativa y de la situación en la que mantener la continuidad laboral del total de trabajadores implique pérdidas ya no forman parte del ordenamiento jurídico como criterios reglamentarios para definir la existencia de “motivos económicos”.

Si tienes dudas y/o consultas, contáctanos:

Gonzalo Ferrer Cárdenas
Socio – Director del Área Laboral
gferrer@dclegal.pe

Paola Che León
Asociada Senior
pcheleon@dclegal.pe

Violeta Mena
Asociada
vmena@dclegal.pe

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