1. El silencio administrativo positivo no puede ser desconocido por actos posteriores de la entidad:
Resolución 0080-2026/CEB-INDECOPI-JUN | 7 de agosto de 2026
Roosevelt Héctor Gamarra Gavilán contra Municipalidad | Provincial de Huancayo
Barrera burocrática analizada
El desconocimiento del silencio administrativo positivo que operó sobre una solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) de nivel de riesgo medio para un establecimiento, materializado en cinco actos administrativos.
¿Qué resolvió INDECOPI?
Declaró que la medida era ilegal. La solicitud se presentó el 7 de enero de 2026 y la Municipalidad contaba con nueve días hábiles para resolver y cinco días adicionales para notificar. Al no emitir pronunciamiento dentro de dicho plazo, operó el silencio administrativo positivo. Los actos emitidos con posterioridad desconocieron ese derecho ficto, vulnerando los artículos 33-A y 188 del TUO de la Ley 27444. Se desestimó el pedido de ordenar la emisión del certificado ITSE, pues la Comisión solo inaplica barreras. Se precisó que la Municipalidad conserva sus facultades de fiscalización y control posterior, pudiendo evaluar la nulidad o revocación de la autorización ficta conforme a ley.
Relevancia
Las entidades no pueden desconocer los efectos del silencio administrativo positivo mediante actos emitidos después de vencido el plazo para resolver. Si consideran que la autorización ficta es irregular, deben activar los mecanismos de nulidad o revocación previstos en el ordenamiento, no simplemente ignorarla.
2. Reportar deudas a centrales de riesgo exige habilitación legal expresa:
Resolución 0313-2026/CEB-INDECOPI | 7 de agosto de 2026
Agrícola La Candelaria S.A. vs. Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil)
Barrera burocrática analizada
La limitación de someter al administrado a un registro negativo en una central de riesgos por el incumplimiento de pago de una multa administrativa por infracción laboral en etapa no coactiva, materializada en el Requerimiento de Pago 06061-2025-SUNAFIL/GG/OAD/UCEC y en la Carta 000798-2025-SUNAFIL/GG/OAD/UCEC, emitidos con base en la Directiva 002-2021-SUNAFIL/OAD-UCEC.
¿Qué resolvió INDECOPI?
Declaró que la medida es ilegal. Si bien la Sunafil cuenta con competencias para sancionar el
incumplimiento de normas sociolaborales y ejecutar coactivamente sus multas, carece de facultad legal para reportar deudas a centrales de riesgo. Dicha facultad no proviene de una norma con rango de ley, sino de una resolución de superintendencia y de una directiva interna, lo que contraviene el principio de legalidad previsto en el TUO de la Ley 27444. Se dispuso la inaplicación de la medida en favor de la denunciante, una medida correctiva de información a los administrados y el pago de costas y costos.
Relevancia
Las entidades administrativas solo pueden ejercer las facultades que les han sido atribuidas expresamente por ley. Un mecanismo de presión para el cobro de deudas, como el reporte a centrales de riesgo, no puede ser creado mediante normas infralegales.
3. Un municipio no puede restringir la oferta académica de los institutos de educación superior:
Resolución 0315-2026/CEB-INDECOPI | 7 de agosto de 2026
Diez Canseco & Venero Abogados S.C.R.L. vs. Municipalidad Metropolitana de Lima
Barrera burocrática analizada
La restricción que limitaba el giro de “ENSEÑANZA SUPERIOR NO UNIVERSITARIA” en el Centro Histórico de Lima a solo aquellos programas que fomenten la actividad cultural y turística (turismo, gastronomía, hotelería, restauración, patrimonio, historia, artes plásticas, escénicas y música, e idiomas), materializada en el Código CIIU P85301 del Anexo 6 del Reglamento Único de Administración del Centro Histórico de Lima, aprobado por la Ordenanza 2195-MML.
¿Qué resolvió INDECOPI?
Declaró que la medida constituye una barrera burocrática ilegal y ordenó su inaplicación con efectos generales. La Municipalidad Metropolitana de Lima tiene competencia para regular los usos del suelo y proteger el patrimonio cultural, pero no para decidir qué programas académicos pueden ofrecer los institutos de educación superior no universitaria. Esa facultad corresponde al Ministerio de Educación, a través del procedimiento de licenciamiento. Al imponer la restricción, la Municipalidad excedió sus competencias, vulneró el principio de legalidad y afectó la libre iniciativa privada.
Relevancia
Las entidades públicas no pueden condicionar el ejercicio de actividades económicas invocando competencias genéricas de planificación urbana o protección patrimonial cuando la regulación específica de la actividad corresponde a otra autoridad. Toda restricción debe tener respaldo legal expreso.
4. Un procedimiento administrativo del TUPA no puede crearse por un órgano de la entidad que carece de competencia para su aprobación:
Resolución 0340-2026/SEL-INDECOPI | 10 de julio de 2026
Universidad Privada Norbert Wiener S.A. y otras contra Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu)
Barrera burocrática analizada
Las denunciantes cuestionaron cinco medidas implementadas por la Sunedu, referidas al procedimiento “Registro de la modificación de la oferta académica de universidades y escuelas de posgrado” (Código PA48001840 del TUPA) y al procedimiento “Modificación de Licencia Institucional (Creación de Filial)” (Código PA48002D44 del TUPA):
(i) la exigencia de tramitar el registro como procedimiento de evaluación previa, materializada tanto en el TUPA como en el artículo 1 de la Resolución de Superintendencia 008-2025-SUNEDU, que aprueba la Directiva para dicho registro, difundida únicamente en el portal institucional de la Sunedu;
(ii) la aplicación del silencio administrativo negativo al mismo procedimiento, materializada en el TUPA;
(iii) la exigencia de exponer ante la Sunedu el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad, materializada únicamente en el artículo 7.1, inciso b), numeral b.1, de la referida Directiva;
(iv) el cobro de S/ 5,110.70 por la tramitación del registro; y
(v) el cobro de S/ 125,844.70 por la tramitación de la modificación de licencia institucional por creación de filial.
¿Qué resolvió INDECOPI?
Bajo otros fundamentos, sin embargo, confirmó el pronunciamiento de primera instancia, declarando como barreras burocráticas ilegales las medidas
(i) la exigencia de tramitar el procedimiento de registro de modificación de la oferta académica
(ii) el silencio administrativo negativo aplicable al referido procedimiento: si bien la incorporación formal de este procedimiento al TUPA fue aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo, su contenido sustantivo (objeto, requisitos, documentación y plazos) proviene de la misma Directiva, aprobada por Resolución de Superintendencia, pese a que el artículo 17.1 de la Ley 30220 reserva al Consejo Directivo (órgano de mayor jerarquía de la Sunedu) la aprobación de procedimientos administrativos y sus requisitos, conforme al artículo 36 del TUO de la Ley 27444.
Asimismo, confirmó la ilegalidad de los cobros de S/5,110.70 y S/ 125,844.70, al no haber acreditado la Sunedu que dichos montos hubieran sido determinados conforme a la metodología obligatoria de costos aprobada por el Decreto Supremo 064-2010-PCM, contraviniendo los numerales 44.6 del artículo 44 y 45.1 del artículo 45 del TUO de la Ley 27444.
Finalmente, ordenó la inaplicación con efectos generales de las medidas confirmadas como ilegales y dispuso, como medida correctiva, que la Sunedu devuelva a las universidades denunciantes, en un plazo de 15 días hábiles, los cobros de S/ 5,110.70 acreditados.
Relevancia
No basta con que una entidad tenga habilitación legal para regular una materia; el procedimiento debe ser creado por el órgano competente dentro de la propia entidad. En este caso, correspondía al Consejo Directivo de la Sunedu, y no al Superintendente. Asimismo, la sola inclusión de una tasa en el TUPA de la Sunedu no basta para sustentar su cobro, pues la entidad debe acreditar que su cálculo se realizó conforme a la metodología de costos obligatoria.
El pronunciamiento también resulta relevante porque se ordenó la devolución de las tasas cobradas, con la identificación de los pagos a restituir, otorgando efectos concretos a la decisión y no solo declarativos.
5. Las concesionarias eléctricas no pueden exigir nuevamente documentos técnicos que ellas mismas ya emitieron o aprobaron:
Resolución 0382-2026/SEL-INDECOPI | 17 de julio de 2026
Yachaywasi Gestión y Consultoría S.A.C. contra Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad | Electronortemedio S.A. – Hidrandina
Barrera burocrática analizada
Para tramitar la devolución de una contribución reembolsable por obras de electrificación ya ejecutadas, Hidrandina exigió a la denunciante:
(i) presentar un plano de la poligonal en AutoCAD con coordenadas UTM;
(ii) solicitar nuevamente la factibilidad eléctrica y el punto de diseño;
(iii) tramitar de nuevo la aprobación del proyecto; y (iv) tramitar de nuevo la recepción de la obra, conforme a la Norma de Procedimientos aprobada por la Resolución Directoral 018-2002-EM/DGE.
¿Qué resolvió INDECOPI?
La Sala confirmó, bajo otros fundamentos, la Resolución 0001-2026/CEB-INDECOPI-LAL que había declarado ilegales las cuatro medidas. Precisó que el parámetro de legalidad aplicable no era el invocado por la primera instancia, sino los numerales 40.1.1 y 40.1.2 del artículo 40 del TUO de la Ley 27444, que prohíben solicitar a los administrados documentación que la entidad ya posee, genera en ejercicio de sus funciones o ha expedido previamente.
Del expediente se acreditó que Hidrandina ya había otorgado a la denunciante la factibilidad eléctrica y el punto de diseño, la aprobación del proyecto y la conformidad de obra con puesta en servicio, validando expresamente el cumplimiento de la normativa técnica aplicable; el plano de la poligonal, además, ya había sido entregado desde el inicio del trámite. La Sala desestimó el argumento de Hidrandina sobre un supuesto régimen técnico diferenciado derivado de la ampliación de su zona de concesión, precisando que la prohibición del artículo 40 no admite excepciones ni ponderaciones de razonabilidad o especialidad y rige también para los procedimientos especiales.
Finalmente, se confirmó la inaplicación de las barreras al caso concreto.
Relevancia
Ninguna entidad (incluidas las concesionarias de servicios públicos) puede exigir a los administrados que vuelvan a presentar documentos o trámites que la propia entidad ya generó, aprobó o posee, aun cuando se trate de un procedimiento distinto al que originó dichos documentos. La prohibición del artículo 40 del TUO de la Ley 27444 es de aplicación general y no cede frente a alegaciones de especialidad técnica o cambios regulatorios posteriores.
6. Una municipalidad no puede desconocer una aprobación automática si no formuló observaciones al momento de la presentación de la solicitud:
Resolución 0010-2026/CEB-INDECOPI-PIU | 12 de agosto de 2026
Sites del Perú S.A.C. contra Municipalidad Provincial de Talara
Barrera burocrática analizada
El desconocimiento de la aprobación automática que habría operado respecto de la solicitud de instalación de infraestructura de telecomunicaciones presentada el 5 de agosto de 2024, materializado en cuatro actos administrativos.
¿Qué resolvió INDECOPI?
La Comisión declaró como barrera burocrática ilegal el desconocimiento de la aprobación automática. Conforme al artículo 31 del TUO de la Ley 27444 y al artículo 5 de la Ley 30228 (que modificó la Ley 29022), la instalación de infraestructura de telecomunicaciones está sujeta a un procedimiento de aprobación automática, sin perjuicio de la fiscalización posterior; es decir, basta con presentar la solicitud sin que la unidad de recepción formule observaciones en ese momento.
En el caso concreto, la Municipalidad no acreditó haber formulado observaciones a la solicitud presentada el 5 de agosto de 2024 (que contaba con sello de recepción, número de expediente y hora de entrega), ni haber otorgado el plazo de subsanación de dos días hábiles que exige el artículo 125 del TUO de la Ley 27444 en caso de defectos en la solicitud.
Por tanto, la aprobación automática operó desde el mismo momento de la presentación, y los actos posteriores que la desconocieron (al declararla improcedente, sancionar la instalación como no autorizada y confirmar la sanción en apelación) contravinieron el artículo 31 del TUO de la Ley 27444.
Se dispuso la inaplicación de la barrera al caso concreto de la denunciante, precisándose que la Municipalidad conserva sus facultades de fiscalización y control posterior y puede evaluar la nulidad o revocación de la autorización ficta.
Relevancia
Cuando la ley sujeta un trámite a aprobación automática, la entidad solo puede cuestionar la solicitud formulando observaciones al momento de su presentación y otorgando el plazo de subsanación correspondiente; si no lo hace, la autorización ficta opera desde ese momento y no puede desconocerse mediante actos posteriores de fiscalización, sanción o apelación. Si la entidad considera irregular la autorización obtenida, debe recurrir a sus propios mecanismos de nulidad o revocación, no simplemente ignorarla.
7. Una municipalidad distrital no puede exigir para anuncios publicitarios requisitos ajenos a la regulación provincial ni cobrar por el uso del espacio público con una ordenanza no publicada ni ratificada:
Resolución 0008-2026/CEB-INDECOPI-PIU | 12 de agosto de 2026
Publicidad & Comunicaciones S.A.C. contra Municipalidad Distrital de Castilla
Barrera burocrática analizada
Tres medidas impuestas por la Municipalidad Distrital de Castilla para instalar paneles publicitarios, materializadas en la Ordenanza 04-2015-CDC:
(i) la exigencia del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones: Defensa Civil (INDECI);
(ii) la exigencia de copia de la carta de factibilidad de conexión eléctrica emitida por la empresa prestadora de servicios; y
(iii) el cobro del 10% de la UIT por metro cuadrado (S/ 535.00 por m2 al 2025) para instalar determinados tipos de elementos de publicidad exterior (paneles simples o monumentales, volumétricos, paletas o tótems, paneles o vallas digitales, globos aerostáticos y los ubicados en bienes de servicio público).
¿Qué resolvió INDECOPI?
La Comisión declaró fundada la denuncia y barreras burocráticas ilegales las tres medidas. Precisó de oficio que el cobro cuestionado, calificado por la denunciante como “derecho de trámite”, correspondía en realidad a una tasa por aprovechamiento de uso de espacio público, sin que ello afectara el derecho de defensa de la Municipalidad.
Respecto de las exigencias (i) y (ii), determinó que, conforme al artículo 79 de la Ley 27972, las municipalidades distritales deben sujetarse a la regulación que sobre anuncios y avisos publicitarios apruebe la municipalidad provincial; verificadas las ordenanzas de la Municipalidad Provincial de Piura sobre la materia, estas no exigen el Certificado INDECI ni la carta de factibilidad eléctrica, por lo que la entidad excedió sus competencias.
Respecto del cobro, concluyó que era ilegal porque la Ordenanza 04-2015-CDC no fue publicada íntegramente en el diario de difusión correspondiente, ni fue ratificada por una norma provincial, conforme exige el artículo 40 de la Ley 27972, de modo que carecía de eficacia para habilitar el cobro. Así, la Municipalidad vulneró el principio de legalidad.
Finalmente, se dispuso la inaplicación de las tres medidas al caso concreto y con efectos generales. La Comisión destacó que, tras la modificación del artículo 8 de la Ley Antibarreras por la Ley 32587 (vigente desde el 8 de mayo de 2026), la inaplicación con efectos generales ya alcanza también a las barreras contenidas en actuaciones materiales (como la difusión de una ordenanza en una plataforma web) y no solo a las contenidas en disposiciones administrativas.
Relevancia
Las municipalidades distritales deben sujetarse a la regulación que sobre anuncios y avisos publicitarios apruebe la municipalidad provincial, sin poder exigir por su cuenta requisitos adicionales. Una ordenanza que impone un cobro debe estar íntegramente publicada y, de ser distrital, ratificada por una norma provincial para tener eficacia: su sola difusión en una plataforma web no basta para habilitarlo.
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